Artículos de opinión

Un Plan Marshall sindical

Francisco Cabrillo
Actualidad Económica , 22 de mayo de 2014

En Madrid, a 15 de mayo de 2014, comparecen ante este Tribunal de Papel quienes dicen llamarse Bernadette Ségol, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, de profesión sus sindicatos; y en el caso de alguno de los imputados, la dirección de su sindicato con carácter cuasivitalicio, ya que pasan los años sin que nadie consiga levantarlo del asiento. Deben responder a la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal, que los acusa del delito, en grado de tentativa, de dilapidar el dinero del sufrido contribuyente europeo en una cuantía que supera ampliamente cualquier estimación sensata de lo que debería ser la política de gasto público de los países europeos.

Resultando que el pasado día 30 de abril, con motivo de una visita a Mariano Rajoy, los imputados ofrecieron una rueda de prensa en la que propusieron el lanzamiento de un gran plan de inversiones en Europa que nuestros sindicalistas —poniéndose curiosamente en la piel del Gobierno norteamericano de 1947— afirmaron que sería “un nuevo Plan Marshall”, haciendo mención, por cierto, a un programa que los comunistas rechazaron siempre por considerarlo un instrumento del imperialismo yanqui.

Resultando que la cantidad que pretenden que se gaste en su plan asciende, nada menos, que al 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea en cada uno de los 10 próximos años. Lo cual, en dinero contante y sonante, supondría, aproximadamente 2,5 billones de euros, es decir, dos veces y media la actual renta nacional española.

Resultando que, mediante cálculos cuya lógica es desconocida para esta sala de justicia, los sindicatos estiman que, con esta inversión se crearían 11 millones de puestos de trabajo, si bien no parecen tomar en consideración aquellos que se perderían al retirar del sector privado un volumen de fondos tan elevado.

Considerando que, si bien es cierto que tras la Segunda Guerra Mundial Europa tenía un déficit enorme de infraestructuras, viviendas y obras públicas de todo tipo, y que era preciso gastar grandes cantidades en su reconstrucción —y este hecho fue, por cierto, el que inspiró el nombre oficial del Plan Marshall: Programa de Recuperación Europea—, lo que ocurre hoy en algunos países, como España, es justamente lo contrario, ya que en ellos se ha invertido en este sector un volumen de fondos a todas luces excesivo a lo largo de los últimos años, lo que ha contribuido, por cierto, a la lamentable situación económica en  la que nos encontramos.

Considerando que los dirigentes sindicales hoy sentenciados parecen pensar que el dinero cae del cielo y está disposición del que quiera cogerlo, sin coste alguno para los ciudadanos europeos.

Considerando que esta Sala no consigue entender por qué es bueno que los Gobiernos gasten un dinero que previamente han sacado de los bolsillos de los contribuyentes, reduciendo así su renta disponible y, por tanto, su capacidad de consumo, lo cual es hoy uno de los frenos más importantes para la recuperación económica.

Considerando que en España se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos la preocupante afición de los sindicatos a quedarse con el dinero de los demás y gastarlo en cosas que —la verdad sea dicha— tienen muy poco que ver con su actividad en el mercado laboral y con las políticas de empleo, y mucho con el enriquecimiento personal de algunos de sus  miembros y con el espíritu festivo que inspira a tantas organizaciones de nuestro país, con especial incidencia en bienes y servicios como las casetas de la Feria de Sevilla o el consumo inmoderado de jamón y langostinos, es razonable pensar que algún pellizco de esos miles de millones de euros del gran plan que los acusados quieren poner en marcha acabaría en los bolsillos de algún que otro sindicalista.

Este Tribunal condena a los acusados, señores Ségol, Fernández Toxo y Méndez, a la pena de un año, un mes y un día y una hora de prisión, que deberán cumplir en una cárcel europea ya existente y que no necesite de fuertes inversiones de dinero público. Se establece también para los acusados la prohibición absoluta de hacer públicos manifiestos o proclamas a favor de mayor gasto, de impuestos más elevados para financiarlo o de incrementos en la deuda pública. Antes de salir de la cárcel deberán presentar, además, a este Tribunal un pliego de papel en el que sobre la firma claramente legible de los ya condenados figure, de forma expresa la frase: “No volveré a tomar el nombre de Marshall en vano”.

Tres sindicalistas son acusados de dilapidar el dinero del sufrido contribuyente europeo en una cuantía que supera ampliamente cualquier estimación sensata del gasto público de los países europeos

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