Artículos de opinión

Sucesiones y unidad de mercado

Francisco Cabrillo
Expansión , 15 de marzo de 2014

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español ha presentado, finalmente, su esperado informe sobre los impuestos y los cambios que convendría introducir en ellos a corto y medio plazo. Se trata de un proyecto bastante tímido que acierta, sin duda, en algunas de sus propuestas; pero que se equivoca claramente en otras, tanto por no atreverse a plantear reformas de mayor calado como por lo que me parecevuna visión incorrecta de la realidad fiscal de nuestro país.

Dada la complejidad del texto que se ha presentado al Gobierno, voy a centrarme hoy en un punto concreto que, sin ser objeto de un tratamiento sistemático en el informe, influye en muchas de sus recomendaciones: su desconfianza hacia la competencia fiscal entre las comunidades autónomas. Esta actitud se refleja tanto en su visión global del tema, al aceptar de una forma bastante acrítica la idea de que la descentralización de los impuestos “puede provocar perturbaciones en la unidad del mercado interior”, como en su propuesta de reducir de facto dicha competencia al establecer una tributación mínima obligatoria para todo el territorio nacional, por ejemplo en el impuesto que grava las sucesiones y las donaciones; es decir, en uno de los tributos en los que realmente la competencia fiscal ha funcionado bien en España.

Ataque a la competencia

Dice el informe que el objetivo de que exista un tributo sobre las sucesiones y las donaciones en todo el territorio nacional es “mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema”. Pero me temo que el argumento es poco sólido. Por una parte, porque que quienes realmente soportan estos impuestos no son los propietarios de grandes fortunas, sino las personas de clase media que tienen algún bien que transmitir a sus hijos. Y, por otra, porque la propuesta constituye un ataque en toda regla a la competencia fiscal característica de las haciendas descentralizadas.

A pesar de que el federalismo fiscal se ha considerado desde sus orígenes una defensa de los ciudadanos frente al poder público, la posibilidad real de que las naciones o las regiones compitan con su sistema fiscal o sus normas de regulación encuentra, sin embargo, bastante oposición tanto en el campo de la teoría de la hacienda como en el de la práctica de la política fiscal. Ante la posibilidad de enfrentarse a una competencia con otras agencias fiscales, muchos gobiernos prefieren llegar a acuerdos entre ellos para mantener una estrategia de impuestos altos sin el riesgo de que sus contribuyentes se desplacen a otras circunscripciones. Y –visto el tema desde otro ángulo– el no desplazamiento de factores, empresas o personas físicas puede interpretarse como una prueba de la falta de competencia entre diferentes haciendas.

Stigler definía una situación de “colusión perfecta” como aquella en la que ningún comprador cambia voluntariamente de proveedor. Si se aplica esta idea a la política fiscal, cabe definir la colusión perfecta entre administraciones como aquella situación en la que ningún contribuyente tiene incentivos para cambiar su residencia por razones fiscales. Las ventajas de la colusión son, por tanto, claras para las administraciones fiscales. Pero no para los contribuyentes.

No deberíamos olvidar que, cuando en el marco de sus competencias algunas comunidades autónomas –como Madrid o Valencia– empezaron hace algunos años a reducir de forma sustancial la tributación por sucesiones y donaciones, el por entonces Gobierno tripartito de Cataluña presionó –sin éxito entonces– al Ejecutivo central para que ejerciera el papel de “armonizador” fiscal del tributo. Me temo que la propuesta de la Comisión va precisamente en este sentido; que coincide, además, con lo expresado el pasado año 2013 en un informe sobre los límites a la competencia fiscal que presentó el Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento de Cataluña.

Y hay que insistir en que las políticas de competencia no actúan contra la unidad del mercado. La cuestión clave para que funcione bien un mercado no es que la presión fiscal sea la misma en Madrid, Andalucía o Cataluña, sino el hecho de que se dé a los agentes económicos libertad de elegir entre modelos institucionales alternativos, como –por cierto– hace muy bien la nueva ley española sobre la unidad de mercado. El problema surge cuando los gobiernos intentan impedir la competencia, no cuando diseñan instituciones que fomenten la actividad económica en un marco de libre movilidad de los agentes económicos

El problema surge cuando los gobiernos intentan impedir la competencia

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